Abelardo Valenzuela: el fiscal que debía investigar al poder, terminó defendiendo su propia credibilidad en la fiscalía anticorrupción de Chihuahua
La institución creada para combatir la corrupción en Chihuahua enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: convencer a la ciudadanía de que actúa con verdadera independencia. Bajo la gestión de Abelardo Valenzuela, las controversias políticas, los conflictos judiciales y los cuestionamientos sobre autonomía han desplazado la atención de los resultados hacia una creciente crisis de confianza.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua nació con un objetivo claro: convertirse en un contrapeso del poder político y garantizar que cualquier posible acto de corrupción dentro del servicio público pudiera investigarse con independencia, sin presiones y sin distinciones.
Era una institución llamada a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia. Sin embargo, la realidad que enfrenta hoy es muy distinta. A más de tres años de la llegada de Abelardo Valenzuela Holguín a la titularidad del organismo, la conversación pública ya no gira principalmente alrededor de las investigaciones que desarrolla la dependencia. La discusión se ha trasladado hacia un terreno mucho más delicado: la credibilidad de la propia Fiscalía y la percepción de independencia de quien la dirige. Ese cambio no es menor.
Cuando una Fiscalía Anticorrupción comienza a ser noticia por las controversias que rodean a su titular y no por los resultados que obtiene, la institución enfrenta un desgaste que difícilmente puede ignorarse. Los cuestionamientos comenzaron desde el primer día. Su designación en diciembre de 2022 estuvo rodeada por críticas de distintos actores políticos que señalaron un procedimiento acelerado y manifestaron dudas sobre la cercanía política del nuevo fiscal con la administración estatal. Aunque el Congreso avaló legalmente su nombramiento, la polémica nunca desapareció del todo.
Por el contrario, se convirtió en una constante durante toda su gestión.
Con el paso del tiempo, las críticas dejaron de concentrarse únicamente en la forma en que llegó al cargo y comenzaron a enfocarse en la manera en que la Fiscalía ha enfrentado los casos de mayor relevancia política. Porque una institución especializada en combatir la corrupción no sólo necesita actuar conforme a la ley; también necesita convencer a la ciudadanía de que sus decisiones están libres de intereses políticos.
Y ese parece ser el gran pendiente de la administración de Abelardo Valenzuela. El caso del exgobernador Javier Corral representó el episodio que terminó por colocar a la Fiscalía Anticorrupción en el centro del debate nacional. Lo que inició como un procedimiento jurídico escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación entre autoridades estatales y federales, alimentando una discusión que trascendió los tribunales para instalarse en el terreno político.
Mientras la Fiscalía defendía la legalidad de sus actuaciones, desde distintos sectores surgieron señalamientos sobre las motivaciones detrás de las investigaciones y la conducción del caso.
Más allá del resultado jurídico, el episodio volvió a colocar bajo la lupa la autonomía de la institución. Y esa ha sido una constante durante los últimos años. Disputas competenciales, resoluciones judiciales controvertidas y enfrentamientos con autoridades federales han contribuido a fortalecer una percepción de confrontación permanente que ha terminado afectando la imagen pública de la dependencia. El problema es que una Fiscalía Anticorrupción no puede permitirse operar bajo una sombra constante de desconfianza.
La confianza constituye su principal herramienta. Cuando ésta comienza a deteriorarse, cada expediente es cuestionado, cada resolución genera sospechas y cada investigación termina siendo interpretada desde una lógica política antes que jurídica. Ese escenario representa uno de los mayores riesgos para cualquier organismo encargado de combatir la corrupción.
La legitimidad no se construye únicamente con facultades legales ni con discursos institucionales. Se construye con resultados, transparencia y una actuación capaz de mantenerse por encima de cualquier sospecha.
Hasta ahora, la gestión de Abelardo Valenzuela no ha logrado cerrar ese debate. Por el contrario, las dudas continúan apareciendo cada vez que la Fiscalía participa en un asunto de alto impacto. Mientras tanto, Chihuahua enfrenta una paradoja difícil de ignorar.
La institución creada para investigar posibles actos de corrupción ha terminado dedicando buena parte de sus esfuerzos a responder cuestionamientos sobre su propia independencia. Eso representa un costo político e institucional enorme.
