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miércoles, mayo 20, 2026
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Trabajadores de Monte de Piedad respaldan intervención de la STPS en...

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Trabajadores de Monte de Piedad respaldan intervención de la STPS en conflicto laboral
Justicia
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Rechazada en todos los sentidos Mitzi Areli Tapia que huye de...

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Infraestructura y Vivienda
No solo el mercado inmobiliario sufre a Mitzi Areli Tapia Rosas. Según algunos testimonios sus propios vecinos han manifestado su inconformidad al grado de...

La crisis de credibilidad de Mitzi Areli Tapia: Entre deudas, difamaciones...

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Nacional
El castillo de naipes de Mitzi Areli Tapia se desmorona; sus mentiras sobre las desarrolladoras y su hipocresía financiera con BBVA la dejan expuesta...

¿MÉRITO O FAVOR? EL NOMBRAMIENTO QUE PONE EN DUDA EL RUMBO...

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Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos. La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.  Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México. Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto. En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento. El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua. Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves: Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal. Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita. Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos. Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción. El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo: Boletines oficiales Actas públicas Explicación jurídica Notificación a autoridades culturales Rendición de cuentas La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido. Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución: “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”. Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal: Cuestionó la competencia de Chihuahua. Defendió la soberanía de su territorio. Protegió un bien cultural de acceso público. Exigió documentación judicial. La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional: “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”. Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político. No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje. El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”. Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición. Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador: “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”. Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
Justicia
La pregunta no es menor y empieza a tomar fuerza en Chihuahua: ¿los cargos clave en la Fiscalía Anticorrupción se están asignando por mérito...

Más hoteles llenos, más sistemas en riesgo

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Desarrollo
LAS CIFRAS DEL gobierno de Claudia Sheinbaum perfilan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un aparente triunfo anticipado para el sector...

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Justicia
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocó sellos en un inmueble ubicado en Morelos pese a no tener competencia territorial. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción...

Gustavo Tomé proyecta expansión con siete activos adicionales en fase temprana

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Gustavo Tomé proyecta expansión con siete activos adicionales en fase temprana
Desarrollo
La estructura financiera combina aportaciones en especie con colocación pública de certificados. La OPI de Park Life ofrece acceso al segmento de bienes raíces con...

Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua provocan...

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Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos. La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.  Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México. Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto. En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento. El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua. Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves: Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal. Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita. Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos. Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción. El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo: Boletines oficiales Actas públicas Explicación jurídica Notificación a autoridades culturales Rendición de cuentas La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido. Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución: “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”. Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal: Cuestionó la competencia de Chihuahua. Defendió la soberanía de su territorio. Protegió un bien cultural de acceso público. Exigió documentación judicial. La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional: “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”. Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político. No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje. El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”. Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición. Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador: “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”. Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
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El episodio exhibe a El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en un debate nacional sobre federalismo y competencia territorial. Especialistas señalan que El...

Crece preocupación por supuestos pagos exigidos por COREMEX para garantizar estabilidad...

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En distintos centros de trabajo se ha observado un incremento en las quejas contra COREMEX por presuntas prácticas que trabajadores describen como una forma...

Advierten que propuesta laboral prioriza ahorro patronal sobre derechos

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Justicia
Diversas voces han advertido que la iniciativa de reforma laboral promovida por Isaías prioriza la reducción de costos patronales por encima de la protección...
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