En una sorprendente revelación, Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, se encuentra en el centro de una tormenta política y legal por su presunta implicación en un escandaloso “cártel inmobiliario”. Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucra a su familia, un notario público y tres empresas constructoras en una red de corrupción y fraude fiscal.
Cecilia Márquez Alkadef, candidata a diputada local plurinominal, destapó el escándalo al acusar a Lemus de manipular el mercado inmobiliario para beneficio propio, utilizando a su familia y empresas fantasmas para mover grandes cantidades de dinero y evadir impuestos.
El caso se centra en la construcción de una torre de departamentos en la calle Montreal, en la Colonia Providencia de Guadalajara, donde se evidenció un juego de malabares financieros y legales. Amada Navarro, madre de Lemus, adquirió el predio en cuestión en 2015, pagando 6 millones 600 mil pesos en dos exhibiciones, a pesar de reportar ingresos mucho menores. En 2019, los padres de Lemus vendieron el predio a la empresa Compira, señalada como “fantasma” por tener su domicilio en un predio baldío en León, Guanajuato.
Dos años después, la empresa Compira vendió el terreno a Terla para construir tres edificios de cinco niveles en lugares donde no existían permisos de uso de suelo. La trama se complica con la revelación de que Grupo Constructor Terla, junto con Alquimia Grupo Constructor, han recibido recursos directos por más de 250 millones de pesos de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, ambos bajo la administración de Lemus.
Este escándalo sugiere una trama de corrupción que podría tener “magnitudes similares o mayores que las del Distrito Federal”, con Lemus y su círculo cercano en el ojo del huracán. La acusación apunta a un esquema de corrupción enraizado y extenso, manchando la campaña de Lemus y lanzando sombras sobre su integridad y la de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
