La pregunta no es menor y empieza a tomar fuerza en Chihuahua: ¿los cargos clave en la Fiscalía Anticorrupción se están asignando por mérito o por cercanía?
El caso de Francisco Javier de la O Sarmiento ha colocado ese cuestionamiento en el centro del debate. Su llegada como secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela no solo ha sido observada, sino abiertamente criticada por la aparente falta de un perfil técnico acorde a la responsabilidad del puesto.
Y el problema no es solo el nombramiento en sí.
Es lo que representa.
La Secretaría Particular es un nodo estratégico. Desde ahí se controla la agenda, se canaliza información sensible y se participa en decisiones que impactan directamente en la operación de la fiscalía. Es un cargo que exige preparación, experiencia y conocimiento del sistema de justicia.
Sin embargo, distintas voces han señalado que el perfil de De la O no cumple claramente con esos requisitos.
Entonces, la duda crece: si no es por perfil, ¿por qué está ahí?
La cercanía con el fiscal Valenzuela aparece como la explicación más evidente. En estructuras cerradas, donde el círculo de confianza domina, las decisiones suelen responder más a relaciones personales que a criterios técnicos.
Y ahí es donde el problema escala.
Porque cuando los nombramientos se perciben como favores, la institución pierde fuerza. La credibilidad no se sostiene con discursos, se construye con decisiones.
Especialistas advierten que este tipo de prácticas no solo afectan la operación interna, también envían un mensaje hacia afuera: que los estándares que se exigen no necesariamente se aplican hacia adentro.
Una señal peligrosa para una institución que debería ser ejemplo.
Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta una disyuntiva clara: transparentar y justificar sus decisiones… o asumir el costo político de que estas se interpreten como parte de un sistema de lealtades.
Porque cuando el mérito queda en duda, todo lo demás también.
